Según un estudio realizado por la Contraloría General de la República, a pesar de los $11 billones de pesos destinados al cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz, pasada una década de su aplicación, los resultados son precarios y dejan en duda el logro de los objetivos de verdad, justicia y reparación integral.

Se trata de un informe preparado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, con el propósito de analizar los resultados y costos de los mecanismos de justicia transicional derivados de la Ley 975 de 2005 y sus modificatorias, durante el periodo 2006-2016.

Se estableció que en estos 10 años se profirieron tan solo 47 sentencias que condenaron 195 postulados, lo que equivale a un 8.2% de los aspirantes a los beneficios de la legislación especial, y que las indemnizaciones ordenadas para las víctimas fueron sufragadas, casi en su totalidad, con recursos del Presupuesto Nacional, lo que denota el incumplimiento de los beneficiarios de la ley, que tenían como compromiso devolver los bienes usurpados.

Tal conclusión la confirma el mismo estudio, que encontró que solo el 6% de los $79.746 millones pagados por concepto de reparaciones judiciales ($5.100 millones), han sido cubiertos con bienes aportados por los postulados al Fondo para la Reparación de Victimas, quedando el 90% a cargo del Presupuesto General de la Nación.

El 4% restante ($2.886 millones) ha sido sufragado con recursos provenientes del Fondo FRISCO en virtud de la distribución ordenada por el artículo 177 de la Ley 1448 de 2011.

El mínimo porcentaje de indemnizaciones atendido con bienes a cargo del Fondo de Reparación administrado por la Unidad para la Atención a Víctimas, obedece en gran medida al tipo y condiciones en las cuales fueron trasladados los bienes entregados o denunciados por los postulados, que no tienen vocación reparadora por situaciones como ocupación, difícil acceso por condiciones geográficas u orden público.

La situación descrita llevó a que durante 10 años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz haya sido necesario dedicar $54.000 millones del Presupuesto Nacional, para gastos de gestión y conservación de bienes avaluados en $303 mil millones, de los cuales solo el 44% cuenta con extinción del dominio.

La falta de voluntad de los postulados en la reparación efectiva a las víctimas, se evidencia no solo en el tipo de bienes y las condiciones en que fueron aportados al Fondo de Reparación, sino también en la brecha existente entre las 612 hectáreas entregadas efectivamente por los desmovilizados, frente a las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución. Igualmente se evidencia en los 6.395 bienes no incluidos en el Fondo que vienen siendo investigados por la Fiscalía, de los cuales el 51% se encuentra en etapa investigativa, sin ningún tipo de medida cautelar o garantía que permita contar con ellos para fines de reparación. De esos 6.395 bienes, solo el 4,1% ha sido efectivamente restituido a las víctimas.

Gestión de la Fiscalía, exclusión de postulados y reconocimiento de víctimas

El estudio analizó además la gestión de la Fiscalía General de la Nación en la investigación de los delitos cometidos por los postulados a la Ley 975 de 2005, la administración de los bienes recibidos para la reparación a las víctimas, así como los resultados y costos de las instancias y de los organismos públicos intervinientes, entre ellos la Rama Judicial, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Las cifras obtenidas permitieron estimar los costos de la implementación de Justicia y Paz y obtener algunas conclusiones.

En lo que respecta a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación durante el periodo analizado, se constató que de 4.981 postulados, 2.603 (52%) salieron del sistema penal especial, debiendo destacar que la terminación por archivo de diligencias por parte de la Fiscalía llegó al 80,3%, trasladándose estos casos al inventario de la justicia ordinaria. Según el Ente Acusador, esto se debe principalmente a las renuncias presentadas por algunos de los postulados.

Así mismo, los Magistrados de las Salas de Justicia y Paz excluyeron a 162 postulados, al comprobar que incumplieron con las obligaciones establecidas en la Ley. Entre las más importantes causas de exclusión, se encuentran: renuencia a comparecer en las versiones libres (72 casos) y reincidencia en la comisión de delitos (67 casos).

De los 2.378 postulados activos, 83% pertenecen a las estructuras de autodefensa desmovilizadas, y solo 195 miembros (8,2%) cuentan con sentencia condenatoria luego de 10 años. De estas condenas, el 93% se obtuvieron luego de la aplicación de la reforma introducida por la Ley 1592 de 2012, en la que se priorizó el estudio de patrones de macrocriminalidad, con lo que se evidencia la escasa operatividad del sistema en sus primeros 6 años de funcionamiento.

Similar panorama se encontró en el reconocimiento de víctimas al interior de los procesos judiciales, pues de las 537.861 registradas ante la Fiscalía durante el periodo analizado, solo el 5% han sido reconocidas en las sentencias.

Se desbordó la capacidad de respuesta del aparato judicial

Los deficientes resultados en materia de administración de justicia, en opinión de los mismos operadores, se originaron en la precaria capacidad de respuesta del aparato judicial, que en la primera etapa no tuvo tiempo de preparar adecuadamente su institucionalidad y de ajustar sus procedimientos de investigación, acusación y juzgamiento a la dinámica propia de un modelo de justicia transicional, lo que hizo especialmente difícil atender el elevado número de víctimas y de hechos delictivos que buscaban resolución en ese marco normativo.

Las herramientas de macro imputaciones y de planes de priorización introducidas por la Ley 1592 de 2012, permitieron incrementar las actuaciones judiciales, a pesar de lo cual en noviembre de 2016 continuaban pendientes de procesar 76.713 hechos delictivos.

Otras cifras que revelan los limitados resultados en pos de la verdad, justicia y reparación judicial, son las siguientes: el 39% de víctimas registradas (211.013) están relacionadas en las investigaciones que actualmente cuentan con imputación, lo que conlleva a que para el 61% restante, a la fecha, resulte nulo el derecho a la obtención de verdad y reparación judicial.

Otras conclusiones del estudio

Las medidas administrativas derivadas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y las modificaciones a la Ley de Justicia y Paz (Ley 1592 de 2012), han permitido aumentar las coberturas en reconocimiento e indemnización administrativa de víctimas, que hasta 2012 solo habían alcanzado el 8,6% en promedio del total de resultados del periodo evaluado, en relación con hechos delictivos sancionados, postulados condenados y víctimas reconocidas.

Los resultados en materia de reparación han exigido recursos para indemnizaciones administrativas por $4,26 billones (a precios constantes de 2015), todos provenientes del Presupuesto General de la Nación, los cuales beneficiaron a 544.421 personas mayores de edad.  Debe resaltarse que esta suma no incluye las medidas adicionales de reparación integral implementadas hasta ahora, tales como: restitución efectiva de derechos, rehabilitación física, social y sicológica, satisfacción moral y garantías de no repetición de los hechos violentos.